Coahuayana, Michoacán (RRC): La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por el delito de terrorismo tras la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, en el sur de Michoacán, un atentado que dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y al menos 12 lesionadas, según confirmaron autoridades federales y estatales este domingo.
El estallido ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado 6 de diciembre en la calle Ignacio López Rayón, en la colonia Centro del municipio costero, que limita con Colima. El vehículo, una camioneta cargada con explosivos, detonó al aproximarse a la sede de la policía comunal, provocando daños estructurales en viviendas, comercios y vehículos cercanos, así como un corte temporal de suministro eléctrico en la zona. Testigos describieron escenas de pánico, con vidrios rotos y fachadas afectadas a varias cuadras de distancia.
De acuerdo con la FGR, dos de las víctimas mortales fueron localizadas en el interior del automóvil explotado –incluyendo al presunto conductor–, mientras que otras tres, identificadas como elementos de la Policía Comunitaria, perdieron la vida mientras recibían atención médica en el Hospital Regional de Apatzingán. El alcalde de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, elevó la cifra de heridos a entre 20 y 25 en una entrevista con medios locales, aunque el comunicado oficial de la Fiscalía de Michoacán la ajustó a 12 personas en estado estable.
La indagatoria federal, liderada por las fiscalías especializadas en Delincuencia Organizada y Terrorismo, forma parte del «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia». En el sitio laboran 15 peritos del Centro Federal de Peritajes Forenses (CFPF) y 11 agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes realizan análisis balísticos, estructurales y de explosivos para reconstruir el movimiento territorial de los responsables. «La utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal pone en riesgo a la población civil, configurando así el delito de terrorismo», detalló la FGR en un comunicado oficial.
Sin embargo, surgió controversia cuando un mensaje inicial de la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos –quien asumió el cargo el miércoles pasado–, calificó el hecho como terrorismo en redes sociales. Posteriormente, un boletín oficial de la dependencia lo reclasificó como «delincuencia organizada», generando dudas sobre la calificación jurídica del caso. Fuentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclararon que ambas líneas de investigación avanzan en paralelo, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Fiscalía estatal.
La Secretaría de Marina-Armada de México activó de inmediato protocolos de apoyo, desplegando aeronaves y personal médico para el traslado urgente de heridos, mientras el Gabinete de Seguridad federal mantiene un operativo activo en accesos y puntos estratégicos de la región. El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, confirmó la colaboración interestatal para esclarecer el atentado.
Mandos de la Policía Comunitaria de Coahuayana apuntaron directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como posible perpetrador, grupo que opera en la zona junto a otras organizaciones criminales declaradas terroristas por Estados Unidos, como Los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leyva. Esta agresión se suma a una escalada de violencia en Michoacán, recordando el atentado con granadas en Morelia de 2008 –el único caso previo calificado como terrorismo en la entidad–.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, expresó solidaridad con las familias afectadas y reiteró el compromiso de las autoridades para capturar a los responsables. «Este cobarde ataque no quedará impune; Michoacán no se doblegará ante la barbarie», declaró en un mensaje oficial. La FGR habilitó canales para denuncias anónimas: el correo via.michoacan@fgr.org.mx y los teléfonos 443-322-5920 y 443-322-5936.
El despliegue federal y estatal continúa, con peritajes en curso para identificar a los implicados. La comunidad de Coahuayana, un municipio pesquero de apenas 15 mil habitantes, permanece en alerta ante la persistente inseguridad en la región.
